Laboral

Una nueva sentencia condena al Sergas a abonar las retribuciones no percibidas por una Enfermera durante su permiso de lactancia

Los servicios jurídicos del Sindicato de Enfermería, SATSE en Ourense, suman una nueva victoria judicial, con la sentencia en firme, a favor de una Enfermera del área sanitaria de Ourense, que reclamaba recibir del Servicio Galego de Saúde (Sergas) las retribuciones no percibidas durante su permiso acumulado de lactancia.
Se trata de una nueva sentencia contra el Sergas por no abonar las retribuciones que correspondían a una enfermera en permiso de lactancia

Una reciente sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Ourense, contra la que no cabe recurso, ha estimado la demanda presentada por esta Enfermera del área sanitaria de Ourense contra el Sergas, al considerar que la administración vulneró sus derechos retributivos durante el disfrute del permiso acumulado de lactancia. 

El fallo declara la nulidad de las resoluciones impugnadas y condena al Sergas a abonar a la demandante las cantidades correspondientes a la atención continuada, incluyendo noches y festivos, que dejó de percibir durante dicho periodo. Asimismo, la sentencia impone las costas del procedimiento a la administración demandada, cuyo importe supera incluso la cuantía inicialmente reclamada por la profesional sanitaria; el sindicato advierte que esta actitud, reiterada, por parte del Sergas supone un “despilfarro económico innecesario”.

Problemática reiterada

Desde SATSE se denuncia que esta situación evidencia un uso ineficiente de los recursos públicos, al tratarse de una problemática reiterada. Según señalan, ya existen más de una decena de sentencias en el mismo sentido, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de modificar la aplicación de esta normativa.

Por ello, desde SATSE, instan al Sergas que cambie cuanto antes su forma de actuar y aplique este criterio de manera general en todas las áreas, para evitar más juicios innecesarios con sentencias en su contra que les obligan a seguir gastando dinero público y obligando a las personas trabajadoras a realizar reclamaciones innecesarias.